Triunfó la Verdad sobre El Relato
El tribunal de alzada resolvió conforme a derecho el desalojo del inmueble usurpado “Campo Casa Nueva” propiedad de “Las Margaritas S. A.”. Ordenó la inmediata salida de los activistas del movimiento Artigas, que realizaban la toma violenta e ilegítima, poniéndolos a disposición de la justicia, y el reintegro de la propiedad a sus dueños, víctimas de calumnias y atropellos.
Esto deja al descubierto la falsedad del relato, pero aun así, son muchos los interrogantes que quedan:
¿Cómo puede ser que la violación a la propiedad privada, gravísimo e inconstitucional hecho, no pudo ser resuelto en la primera instancia?
Documentación legal presentada en esa oportunidad, que luego puede acreditar un fallo tan contundente, ¿no fue suficiente en esa primera instancia?
¿Por qué en un conflicto, tan mal planteado como de herencia familiar, que en todo caso, es litigio entre particulares ante el Poder Judicial participó el Poder Ejecutivo del Estado Provincial y Nacional? ¿Por qué el Estado se inmiscuyó en forma escandalosa parcialmente, en cuestiones que no le atañen?
Destaquemos la participación de la funcionaria Victoria Donda, titular del INADI, reclamando solo los derechos de la Señora Dolores Etchevere e ignorando los de la mujer del puestero que sufrió actos de violencia física y verbal por parte de los usurpadores. En este tema acomodamos el relato y ¿solo protegemos a los poderosos, señora titular del INADI? Queremos comentarle que existe una denuncia realizada y usted no se proclamó en estas circunstancias en defensa de la víctima.
Durante los primeros días de este conflicto recibimos la visita y participación de funcionarios nacionales que nos generan dos interrogantes: como primer cuestión, se presentaron ante el tribunal de primera instancia para tomar conocimiento de la causa, y luego ingresaron al establecimiento usurpado conviviendo con los generadores del ilícito; ¿serán los que incentivaron la confusión del juez de primera instancia?
¿Quiénes son los usurpadores y de que viven?; ¿son agricultores del proyecto Artigas o es una mera farsa para delinquir?; ¿Cuántos funcionarios provinciales fueron parte de este “grupo de agricultores”?; uno de ellos suspendido ahora en sus funciones, ¿es para deslindar culpabilidades? Por todo esto y por su silencio es que sentimos que el Ejecutivo Provincial estaba siendo parcial, casi apañando actos ilícitos.
¿Quién se hará cargo del daño económico a la empresa por dejarla 15 días inactiva, sufriendo numerosos daños materiales?; una de las actividades de la explotación es un tambo, y por la demora del desalojo, se perdieron muchos litros de leche, ¿tan lejos del pueblo y su producción están nuestros dirigentes que no pudieron programar por lo menos una donación de tan valioso producto?; y del daño económico generado al Estado quién se hará cargo, ¿el proyecto Artigas? ¿O seguiremos siendo víctimas de los revolucionarios sostenidos con nuestros impuestos?
Estos gravísimos atropellos a la Propiedad Privada que se están dando en todo el País no es menor, demuestra que en los actores de estos ilícitos hay una fuerte intencionalidad política que desconoce los derechos garantizados por nuestra constitución.
La sociedad entrerriana, dio un ejemplo cívico involucrándose y peticionando ante las autoridades en forma pacífica la rápida resolución de este delito.
También estuvo a la altura de las circunstancias, el periodismo independiente, demostrando tolerancia y respeto por todas las opiniones, dando lugar a todas las voces.
¿Podremos sentir algún día que las autoridades políticas estén a la altura de los acontecimientos?
Cerramos con un profundo agradecimiento a las fuerzas de seguridad que imparcial y profesionalmente custodiaron, antes las inclemencias del tiempo, tan desafortunado atropello a las libertades individuales en nuestro país.
“Queremos ser Nación, una Nación cuya identidad sea la pasión por la verdad, y el compromiso por el bien común”, siempre respetando la constitución nacional.
