Como se recordará y tal como informó RecintoNet,Bargagna fue una de las legisladoras que se opuso a la ley de construcción de acueductos, posición que dejó claramente sentada entonces en el recinto donde también se manifestó el campo a través de dirigentes de la Mesa de Enlace.

“La Ley 10.352, además de resultar un acto viciado de nulidad es inconveniente, perjudicial y negativo para las finanzas de la Provincia de acuerdo al cuadro de situación que el propio Gobierno reconoce al elevar el proyecto de presupuesto 2015/2016 para su consideración por esta Cámara”, marcó Bargagna. Y añadió: “Por lo tanto, no cabe otra solución que eliminarla del orden jurídico entrerriano, derogándola íntegramente”.

“A cambio, sí, merece respuesta el denodado esfuerzo que ha tenido la Provincia a través de la Dirección de Hidráulica y las comunidades del norte entrerriano, proponiendo la sistematización y distribución de agua para riego con el objeto de incrementar la rentabilidad de la producción zonal y mejorar significativamente las arcas provinciales y la sociedad en su conjunto”, destacó asimismo. Y expuso: “El documento de factibilidad emanado de nuestros profesionales (cuyos servicios la Provincia solventó) no merecía haberse postergado, ya que estuvo disponible para su ejecución desde el mes de Noviembre del año 2011”.

“Han pasado exactamente 4 años, en el interín se sancionó un despropósito con forma de ley (la Ley nº 10.352, tal vez alentada por la invisible mano de la corrupción), que carece de valor como acto jurídico por ser ineficaz e inconstitucional, y afectar los intereses públicos provinciales”, denunció Bargagna.

Así, en el proyecto de ley, además de la derogación de la norma 10.352, propone que el “Poder Ejecutivo deberá crear en un plazo no mayor a 60 días a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, la Unidad Ejecutora del `Proyecto de Sistematización y Distribución de Agua para Riego Mandisoví Chico´, realizado por la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos, en el marco del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a los fines de que dicha Unidad Ejecutora concrete el mencionado Proyecto”.

Seguidamente, establece que el “Poder Ejecutivo realizará las gestiones tendientes a la obtención del financiamiento otorgado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y, en su caso, por intermedio del BID y/o del Banco Mundial, para cubrir los costos del porcentual de inversión de este tipo de proyectos de desarrollo rural”; y realizará “las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias para determinar las erogaciones a cargo de la Provincia en el porcentual que le corresponda pagar para la financiación de la obra”.(RecintoNet)