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Ley de Suelos: Legisladores de Cambiemos proponen volver a la original

La comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado analizó este miércoles un proyecto de ley de los representantes de Gualeguay, Francisco Morchio y Gualeguaychú, Nicolás Mattiauda que propone cambios en la ley 8318.

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La comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado analizó este miércoles un proyecto de ley de los representantes de Gualeguay, Francisco Morchio y Gualeguaychú, Nicolás Mattiauda que propone cambios en la ley 8318 con el objetivo de “hacer un aporte para cuidar un bien sustancial como es el suelo”. Los legisladores de Cambiemos proponen “volver a la redacción anterior” de la normativa

En ese sentido el representante de Gualeguaychú explicó que “hay una ley que apunta a la conservación de los suelos, tendiendo a cuidar un bien importantísimo para la actual y futura generación de entrerrianos”.

Señaló que Entre Ríos “tiene la característica de tener suelos erosionables y para realizar la conservación se debe trabajar en la construcción de terrazas”. Recordó que la ley original, de 1989 “anduvo muy bien, pero se hizo una modificación que le quitó beneficios a los productores”. “La ley original promovía un financiamiento indirecto, ya que había una desgravación impositiva después de realizar los trabajos”, recordó.

Esta norma que fue modificada, “antes devolvía el total de la inversión y después se pasó a una devolución de solo el 35{e8f3bb45a70063238e17cff97263ba2027280d03102e4f69de9eefdf0f1e389a} y esto determino que disminuya la construcción de terrazas, con el consiguiente problema que es el deterioro de las unidades productivas”.

El legislador explicó las características técnicas de los trabajos, que “en lugares con mucha pendiente genera altísimos costos para poder hacer cuidado del medio ambiente”.

“Se trata de volver a la ley original” enfatizó, con el objetivo de tender a una forma sustentable para el sistema productivo. “No hay modificaciones en los rindes y se observa una importante erosión en muchos lugares de la provincia, lo que es preocupante”.

Comentaron que hay campos que podrían estar inutilizados a esta altura. “Es un problema para la sustentación del sistema de producción. Los costos son altos para hacer las terrazas y creemos con esto, que es un aporte importante para el cuidado del medio ambiente”.

Mattiauda dijo que “se aprovechará mejor el agua y el impacto en el rinde de los cultivos, hará mejorar los ingresos de la provincia y mayor movimiento de todos los eslabones de la cadena”.

Apuntó que los sectores de la cadena productiva “van a apoyar, ya que la economía agropecuaria es la más importante de la provincia y hacemos un sistema que será perdurable en el tiempo, con un impacto mínimo en la recaudación de la provincia. Me parece que fue una ley muy buena aquella de 1989 y la modificación generó muchos perjuicios”.

Por su parte el senador Morchio dijo que “a la tierra nos la prestaron y el suelo se puede dañar fácil y cuesta mucho recuperarlo”. “Tenemos que tomar conciencia que la sustentabilidad de un campo tiene mucho impacto social, y en el tiempo, es cuidar el futuro de todos”, reflexionó.

“El impacto constructivo será gradual”, dijeron los autores, en cuanto a los ingresos del Estado “no se verían disminuidos”. Los legisladores de Gualeguay y Gualeguaychú revelaron que “la pérdida de un centímetro de suelo, tarda la naturaleza 500 años para reconstituirse”.

Morchio alegó que “hay un nivel de exigencia por parte del Estado para contribuir, por eso tenemos que encontrar maneras de mantener y aumentar la producción, debemos aplicar alta tecnología, por eso el cuidado del suelo es fundamental. Se trata de buscar equilibrios”.

Detalles del proyecto
El texto analizado deroga el artículo 32 de la Ley Nº 10.183, quedando el artícu­lo 12º de la Ley Nº 8.318 de la siguiente manera:

“Art. 12°.- Según las características de los trabajos de conservación realizados en las Áreas de Conservación y Manejo se establece la siguiente reducción del Impuesto inmobiliario:

*Prácticas permanentes: exención o reducción del impuesto Inmobiliario provincial, sobre superficie afectada con este tipo de prácticas durante un plazo no mayor de diez (10) años y siempre que las prácticas se mantengan durante ese período.

*Prácticas semipermanentes: exención o reducción del Impuesto Inmobiliario Provincial, sobre superficie afectada con este tipo de prácticas, por un plazo de dos (2) a cinco (5) años y siempre que las prácticas se mantengan durante dicho período.

*Prácticas anuales: exención o reducción del Impuesto Inmobiliario Provincial, sobre la superficie afectada con este tipo de prácticas, por un plazo no mayor de dos (2) años y siempre que la práctica se mantenga por icho lapso.

La autoridad de aplicación fijará los tipos de prácticas, los plazos y los porcentajes que se reducen del Impuesto Inmobiliario según el área.”.

El tema será tratado por los legisladores con el ministro de la Producción, Carlos Schepens, dentro de 15 días.
Estuvieron presentes los senadores de Gualeguay, Francisco Morchio; Gualeguaychú, Nicolás Mattiauda; Islas, Daniel Olano; Feliciano, Osvaldo Viano; Villaguay, Mario Torres; Concordia, Angel Giano; Paraná, Raymundo Kisser; Victoria, Roque Ferrari y La Paz, Aldo Ballestena.

Acueductos: piden derogar la ley y avanzar con el proyecto de Hidráulica

La diputada provincial María Emma Bargagna (Fap-Paraná) presentó un proyecto de ley por el que pide la derogación de la  norma 10.352 sobre los acueductos con China, y avanzar en el proyecto del sistema de riego en el Arroyo Mandisoví Chico que proyectó la Dirección de Hidráulica de Entre Ríos en conjunto con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Presidencia de la Nación, a través del PROSAP.

Como se recordará y tal como informó RecintoNet,Bargagna fue una de las legisladoras que se opuso a la ley de construcción de acueductos, posición que dejó claramente sentada entonces en el recinto donde también se manifestó el campo a través de dirigentes de la Mesa de Enlace.

“La Ley 10.352, además de resultar un acto viciado de nulidad es inconveniente, perjudicial y negativo para las finanzas de la Provincia de acuerdo al cuadro de situación que el propio Gobierno reconoce al elevar el proyecto de presupuesto 2015/2016 para su consideración por esta Cámara”, marcó Bargagna. Y añadió: “Por lo tanto, no cabe otra solución que eliminarla del orden jurídico entrerriano, derogándola íntegramente”.

“A cambio, sí, merece respuesta el denodado esfuerzo que ha tenido la Provincia a través de la Dirección de Hidráulica y las comunidades del norte entrerriano, proponiendo la sistematización y distribución de agua para riego con el objeto de incrementar la rentabilidad de la producción zonal y mejorar significativamente las arcas provinciales y la sociedad en su conjunto”, destacó asimismo. Y expuso: “El documento de factibilidad emanado de nuestros profesionales (cuyos servicios la Provincia solventó) no merecía haberse postergado, ya que estuvo disponible para su ejecución desde el mes de Noviembre del año 2011”.

“Han pasado exactamente 4 años, en el interín se sancionó un despropósito con forma de ley (la Ley nº 10.352, tal vez alentada por la invisible mano de la corrupción), que carece de valor como acto jurídico por ser ineficaz e inconstitucional, y afectar los intereses públicos provinciales”, denunció Bargagna.

Así, en el proyecto de ley, además de la derogación de la norma 10.352, propone que el “Poder Ejecutivo deberá crear en un plazo no mayor a 60 días a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, la Unidad Ejecutora del `Proyecto de Sistematización y Distribución de Agua para Riego Mandisoví Chico´, realizado por la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos, en el marco del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a los fines de que dicha Unidad Ejecutora concrete el mencionado Proyecto”.

Seguidamente, establece que el “Poder Ejecutivo realizará las gestiones tendientes a la obtención del financiamiento otorgado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y, en su caso, por intermedio del BID y/o del Banco Mundial, para cubrir los costos del porcentual de inversión de este tipo de proyectos de desarrollo rural”; y realizará “las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias para determinar las erogaciones a cargo de la Provincia en el porcentual que le corresponda pagar para la financiación de la obra”.(RecintoNet)