Un productor chaqueño encendió la alarma.
Su utilización está prohibida por el “mal de la vaca loca”. Hubo pruebas. Y el Gobierno no reacciona.
Pruebas. La pezuña momificada hallada en una bolsa de suplemento para bovinos, fotografiada sobre el documento del producto.
En París, ante el gran foro veterinario global, la cumbre de la OIE (Organización Internacional de Epizootias), el ministro Carlos Casamiquela decía ayer que la Argentina está “comprometida con la seguridad alimentaria mundial”. Sin embargo, en setiembre de 2014 un productor encontró restos animales en una ración de balanceado para el ganado. Y aunque denunció el hecho ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y los análisis oficiales confirmaron la grave irregularidad, nadie en el Gobierno reaccionó ni se sancionó a los responsables.
El uso de harinas animales para alimentar a los animales está absolutamente prohibido desde hace décadas en la Argentina. La razón es sencilla: luego de la crisis en Europa de 1986 por la aparición del “mal de la vaca loca”, que obligó a sacrificar millones de animales, se descubrió que el origen de la BSE (Encefalopatía Espongiforme Bovina) era justamente esa suerte de “canibalismo” entre rumiantes: vacas que comían restos de vacas.
En setiembre de 2014, en el establecimiento Los Corralitos, de Basail, Chaco, fallecieron unos terneros. Para detectar las causas, el productor Juan Horacio Capózzolo comenzó a analizar diversas variables, entre ellas el alimento dado a esos animales. Su sorpresa fue mayúscula cuando en una de las bolsas de sales minerales -que había comprado en la Unión Agrícola de Avellaneda- apareció una pezuña momificada. El producto en cuestión había sido elaborado por Lomas del Sol SRL, una firma creada en 2007, que produce en Rosario fórmulas para suplementar todo tipo de ganado. La bolsa de 25 kilos de “Mineral Vaca de Cría con fósforo al 6{e8f3bb45a70063238e17cff97263ba2027280d03102e4f69de9eefdf0f1e389a}” se vendía bajo la marca “Neo-Pentamix”, inscripta por el principal accionista de la empresa, Amaro Augusto Etienot.
Como corresponde, de inmediato Capózzolo realizó la denuncia a la regional Resistencia de Senasa. Casi de inmediato, el veterinario oficial Enrique Santos dictó el interdicto de la mercadería y tomó tres muestras que envió al laboratorio. Los resultados se conocieron a principios de noviembre (ver facsímil) y fueron terminantes: “Se identifican fragmentos óseos parcialmente calcinados”, reconoció Senasa. Para ese momento, el productor damnificado ya había averiguado además que el “Neo-Pentamix” no estaba aprobado. Y la Unión Agrícola de Avellaneda había inmovilizado toda la carga y enviaba una carta documento al fabricante, exigiéndole una explicación que nunca llegó.
“Todos tenemos una responsabilidad que asumir. No puedo ser crítico si no hago lo que corresponde, agravado en este caso por el riesgo para la salud humana”, argumentó Capózzolo ante Clarín. Antes de hacerlo, el 21 de abril, escribió una carta a la presidenta y el vicepresidente de Senasa, Diana Guillén y Luis Angel Carné, implorando por su reacción.
Fue en vano. Como en 2001, cuando decidió esconder el regreso al país de la fiebre aftosa, el Senasa prefirió ocultar esta triste realidad: la de un país que proclama tener “riesgo mínimo” ante la BSE pero a la vez brinda una insólita cobertura a quienes fabrican alimentos para animales, con harina animal.
Dudas por un operativo suspendido en Corrientes
El Senasa fue protagonista de otro escándalo la semana pasada, cuando varios de sus funcionarios en Corrientes recibieron la orden de dar marcha atrás con un operativo de clausura de un matadero que no tenía habilitación oficial y estaba faenando hacienda sin autorización.
El caso fue denunciado por el Ministerio de la Producción de Corrientes. El martes 19, desde las 5,30, la directora de Producción Animal, Sara Romero, encabezó un operativo en el matadero municipal de Perrugoría, con ayuda de la policía rural y del Senasa local. En el lugar, de inmediato se decidió intervenir la planta porque no contaba con la habilitación correspondiente. Y se decomisaron 2.400 kilos de carne y animales en pie hallados en el lugar, que tampoco tenían documentación de respaldo.
A eso de las 9, según el comunicado oficial, “aparentemente por orden del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y de la Dra. Diana Guillén, presidente del Senasa, dieron la orden al personal del Senasa de devolver inmediatamente la carne a los carniceros”. Otra fuente confirmó la sucesión de llamadas: el kirchnerista Jorge Corona, ex intendente y esposo de la nueva jefa comunal, Angelina Lesieux, habría recurrido a Fernández, quien a su vez habría ordenado a Guillén suspender el operativo. De todos modos, por ahora, la planta sigue cerrada.
Matías Longoni
