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La Sociedad Rural Argentina (SRA) presentó una nota ante la Comisión Nacional de Semillas (CONASE), en la que expuso sus propuestas para la modificación de la ley 20.247.

El principal pedido de la entidad que preside Luis Etchevehere es reforzar al Inase para mejorar los controles del mercado ilegal de semillas.

“Como venimos sosteniendo públicamente desde hace mucho tiempo, creemos que tanto la innovación tecnológica como el mejoramiento genético de las semillas deben tener una justa retribución. Además, sabemos que es fundamental la presencia del Estado para generar el marco necesario para la competencia y así evitar los oligopolios y para que existan distintos oferentes que sostengan la diversidad genética”, señaló la SRA en un comunicado.

Este miércoles, se conoció que finalmente el Ministerio de Agroindustria modificó algunos puntos de su proyecto original: el más relevante, que achica de tres a dos campañas el plazo obligatorio para el pago de regalías extendidas, luego del cual se puede empezar a hacer uso propio gratuito.

Pedidos

La primera solicitud de la entidad es que la nueva ley sea de orden público y continúe adherida al Convenio Internacional para de continuar adheridos a UPOV 78 (Convenio Internacional para la Protección de la Obtención de la Semilla).

“Otro punto que creemos debe ser el eje central del sistema, es el uso de semilla propia o comprada debidamente registrada y fiscalizada”, agregó la Rural.

Además, la SRA sostuvo que “se deben reforzar y adecuar los controles en todos los eslabones de la cadena de producción y comercialización de semillas, y para ello es fundamental fortalecer los organismos de control, con la única supervisión del Estado, representado en el Inase. Con este propósito, es necesario dotar a los organismos de los recursos necesarios para un control efectivo del mercado de semillas”.

Pago en la semilla

La institución que encabeza Luis Etchevehere coincide con la mirada oficial sobre que todo el pago de la tecnología incorporada en una semilla, debe hacerse al momento de la compra de la misma.

“Con relación al precio, éste deberá incluir todo el valor de los componentes contenidos en las mismas, como variedad y modificaciones genéticas, entre otros. En el momento de la compra se salda con el vendedor todo ese valor que incluye los derechos de propiedad intelectual, y en ese momento también se agotan los mismos sobre los granos o producción, que tienen como destino la elaboración de productos de cualquier naturaleza”, especificó la SRA.

Y añadió: “Además, el uso propio gratuito debe mantenerse, y estar limitado a la cantidad de hectáreas por las que el agricultor (definido como el dueño de las sementeras), pagó en un principio por la semilla fiscalizada”.

Para el caso de que un productor siembre más hectáreas de las que originalmente había comprado y tenía autorizado el uso propio, la Rural propone el pago de un monto único por kilo de semilla reservada. “El agricultor realizará los pagos correspondientes en el mismo lugar en el que compró la semilla y figure en la primera factura para que así se mantenga la relación contractual iniciada en la compra de la semilla fiscalizada”, es la propuesta.